El gobierno argentino ha dado un paso significativo y peligroso hacia la liberalización del mercado energético al desregular el precio de las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP). A través de la Resolución 216/2024 de la Secretaría de Energía, se eliminan los precios máximos de referencia que habían estado en vigor durante años. Esta medida se enmarca en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que impulsa una mayor libertad de mercado en el sector energético del país.

Con esta desregulación, el precio del gas envasado será determinado libremente por las condiciones del mercado, lo que podría generar un impacto significativo en el costo de vida de los consumidores, especialmente en las regiones donde el gas en garrafa es una necesidad básica. El gobierno, sin embargo, sostiene que la medida es necesaria para atraer inversiones y mejorar la eficiencia en la distribución del GLP.

Además, la resolución actualizó el precio de referencia de las garrafas, un movimiento que podría dar lugar a fluctuaciones importantes en los costos según la región. La derogación de los apartamientos máximos por jurisdicción implica que los precios podrían variar considerablemente entre diferentes provincias, lo que genera incertidumbre en cuanto al acceso equitativo a este recurso.

Mientras tanto, sectores sociales y políticos han expresado su preocupación por las posibles consecuencias para los sectores más vulnerables de la población. En un contexto de alta inflación, el aumento de los precios de un insumo básico como el gas podría agravar la situación económica de muchas familias argentinas.

Esta medida marca el fin de un período de control estatal sobre el precio del gas envasado, y aunque se argumenta que traerá beneficios a largo plazo, será crucial monitorear su impacto en el corto plazo, especialmente en las comunidades que dependen de este recurso para calefacción y cocina.