Una auditoría externa encargada por el intendente Eduardo Accastello dejó al descubierto profundas irregularidades en la gestión municipal de Martín Gill durante los años 2022 y 2023. El informe, elaborado por el estudio Russell Bedford, detectó un desfasaje de 2.336 millones de pesos entre lo que figuraba en los registros contables y el dinero efectivamente disponible en caja al cierre del 2023. A esta alarmante cifra se suma un faltante de 570 millones de pesos entre lo que los registros mostraban como depósitos bancarios y los fondos reales.

La auditoría reveló un sistema contable desordenado y sin controles básicos. No existieron libros físicos de balances ni registros oficiales de compras o proveedores, lo que dejó la información vulnerable a manipulaciones. Entre las anomalías más graves se encontraron movimientos registrados en días feriados, como el 1 de enero, y asientos contables que no seguían un orden cronológico ni numérico lógico, poniendo en duda la integridad de los datos presentados.

Otro aspecto crítico fue la diferencia de 400 millones de pesos en los registros de pago de sueldos. Mientras las órdenes indicaban desembolsos por 600 millones en diciembre de 2023, los libros contables reflejaban solo 203 millones. Además, el informe concluyó que el patrimonio neto de la Municipalidad es 5.500 millones de pesos menor a lo que declaraba la gestión de Gill, evidenciando una administración que no cumplió con las mínimas normas de transparencia.

El informe también denunció la falta de un inventario actualizado de bienes municipales, pese a que se realizaron pagos por vehículos adquiridos mediante leasing que no figuran como deuda ni patrimonio. La falta de conciliación entre los registros contables y los extractos bancarios impidió verificar qué pagos y cobros se realizaron correctamente, un problema que los auditores calificaron como una “grave debilidad de control”.

Por último, la auditoría detectó demandas judiciales contra la Municipalidad por un monto de 3.800 millones de pesos, un pasivo que recaerá sobre las arcas públicas y, en última instancia, sobre los vecinos de Villa María. Con estos hallazgos, el informe plantea serias dudas sobre la gestión de Martín Gill y obliga a las autoridades actuales a tomar medidas para garantizar la transparencia y recuperar la confianza en la administración pública.