Las recientes denuncias anónimas y la grabación de audio en la que la titular de ANSES Río Cuarto, Silvina Drovandi, supuestamente participa en un acto político en horario laboral, exigen un análisis minucioso. Las acciones y declaraciones que se le atribuyen contrastan con los principios de integridad y responsabilidad que se esperan de un funcionario público. La naturaleza de los hechos y el contenido del audio plantean dudas sobre la ética en la función que desempeña y la posible utilización de su cargo para fines ajenos al servicio público.

El hecho de que Drovandi se ausentara de su puesto el 31 de octubre para asistir a un evento en Las Higueras, donde se le acusa de ejercer presiones políticas, es especialmente grave. La denuncia detalla un ambiente de intimidación, dirigido a empleados y a jóvenes, con la implicación de que sus acciones eran “instruidas desde arriba” por Andrés Bauzá, gerente regional de ANSES en Córdoba y apoderado de La Libertad Avanza. Bauzá, conocido por su estrecha relación con Gabriel Bornoroni y su papel destacado en la gestión pública, ha estado en el centro de diversas controversias desde su nombramiento en marzo de 2024. Estas incluyen señalamientos sobre la influencia de grupos políticos en la asignación de cargos y recursos en la región.

En el programa radial “Así son las cosas,” que conducen Guillermo Geremia y Vanessa Lerner por Radio La Gospel, FM 102.9 de la Ciudad de Río Cuarto, se abordaron estas denuncias y grabaciones, brindando un espacio de análisis y reflexión sobre la situación de Silvina Drovandi y su comportamiento como funcionaria pública.

El comportamiento reflejado en el audio, donde Drovandi parece estar defendiendo la participación y lealtad de los empleados a un partido político, contradice los principios de imparcialidad y servicio a la comunidad que deberían primar en la administración pública. Las afirmaciones y el tono de la conversación sugieren un manejo coercitivo que es inaceptable en un contexto democrático. La denuncia también menciona la posible asignación de recursos para fines personales o políticos, algo que debería ser investigado a fondo para determinar si se ha incurrido en el uso indebido de fondos públicos. La mención de Bauzá como figura de referencia añade peso a estas acusaciones, ya que su papel en la ANSES ha sido objeto de críticas en otros contextos relacionados con la asignación de cápitas del PAMI y la influencia política.

Es particularmente contradictorio que Drovandi, según el audio, critique a otras agrupaciones políticas y defienda un comportamiento similar al que señala como inapropiado. La autodenominada “apertura” en su discurso no se traduce en un respeto por las normativas y expectativas que deben seguirse en horario de trabajo y en el ejercicio de funciones estatales. Este tipo de actitudes, si se comprueban, erosionan la confianza en las instituciones y refuerzan la percepción de que se priorizan intereses partidarios sobre el bien común.

Finalmente, es esencial que estos señalamientos sean investigados con la seriedad que merecen. Las pruebas, como la grabación de audio y las declaraciones de testigos, deberían ser parte de un proceso que garantice transparencia y equidad. Los funcionarios públicos tienen la obligación de actuar en beneficio de todos los ciudadanos, sin que influencias partidarias pongan en duda la integridad de su servicio. La inclusión de figuras como Bauzá, cuya gestión ha sido ya motivo de controversia, subraya la necesidad de esclarecer cualquier posible mal uso de poder o recursos.