Dos extraños episodios quedaron al descubierto este miércoles en el juicio oral en el que se intenta esclarecer el atentado a Cristina Kirchner: un testigo aseguró haber sido amenazado primero y filmado después en Comodoro Py 2002, antes de declarar en esta causa; y otro joven reveló que minutos posteriores del ataque un custodio de la ex vicepresidenta le pidió borrar el teléfono en donde había quedado filmado el momento exacto en que un arma le apuntó en el rostro. Ese video clave es prueba de la causa.

Esas declaraciones formaron parte del desfile de testigos ante el Tribunal Oral Federal 6, donde se juzga a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo por el intento de homicidio. Los cuatro testigos, simpatizantes de la ex mandataria, estuvieron presentes en la casa de CFK el 1 de septiembre de 2022 y que vieron o participaron de la detención de Sabag, el agresor que llevaba el arma.

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El rol de la custodia, analizado aún en instrucción en donde se investiga también si hubo autores intelectuales en el ataque, es clave también en este juicio. La acusación habla de alevosía, en donde los acusados se aprovecharon un estado de indefensión de la ex presidenta al momento de intentar matarla.

Pero lo que apareció en el debate también llamó la atención sobre el control que se quiso hacer sobre las imágenes que habían registrado el momento del hecho. La jueza Sabrina Namer pidió detalles sobre la identificación del custodio que hizo el llamativo pedido de borrar el celular. La defensa de Carrizo también se interesó. Desde la acusación minimizaron el hecho subrayando que el video finalmente fue aportado a la causa.

En el auditorio y entre los seguidores del juicio llamó la atención la situación de que un custodio -un funcionario público aún no identificado- solicitara esa medida. Sobre todo porque el borrado de los teléfonos aparece como una constante en este expediente: se intenta esclarecer lo que pasó con el equipo de Sabag Montiel y se discute el contenido y eliminación de datos de los teléfonos del diputado del PRO Gerardo Milman y sus secretarias.

Inesperadamente, el Tribunal Oral Federal 6 decidió difundir las declaraciones de los testigos en este debate, a contramarcha de lo que había decidido inicialmente en base a la propia normativa fijada por la Corte Suprema para la difusión de debates orales.

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