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viernes, junio 21, 2024
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El Gobierno denunció penalmente a Pablo De la Torre

La suerte de Pablo De la Torre ya estaba echada antes de que estallara la denuncia por los alimentos retenidos de manera indebida en galpones dependientes del Ministerio de Capital.

Desde la semana pasada había empezado una investigación interna en el organismo que depende de Sandra Pettovello por sospechas en torno al sistema de contrataciones de personal en el área a su cargo. El funcionario desplazado viene de un municipio bonaerense como San Miguel, es hermano de Joaquín De la Torre, uno de los barones del Conurbano, no es un improvisado, por lo que se empezó a mirar con lupa quiénes estaban trabajando en su equipo y de qué manera se habían incorporado.

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Gobierno denunció penalmente a Pablo De la Torre, tras realizar una presentación en la Oficina Anticorrupción. La causa judicial se sorteará el lunes en la Justicia. Al parecer, el esquema que quedó bajo la lupa es una trama parecida al caso Julio “Chocolate” Rigau en la Legislatura bonaerense: cobrar salarios de contrataciones simuladas y, posiblemente, “facturas truchas” y aportes forzosos del orden del 12% de los ingresos.

“Hay una denuncia que impulsa la ministra Pettovello, porque es lo que corresponde ante una persona que efectivamente transmitió falta de transparencia en determinadas cuestiones. Pettovello hace la denuncia ante la Oficina Anticorrupción y no nos entrometemos más en ese proceso. Pido paciencia y cuando efectivamente haya un avance se los vamos a estar comunicando. Somos respetuosos de todas las partes, de todos los involucrados, que no solo es De la Torre”, afirmó esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Esa una definición crítica que sugiere pero no expone en toda su dimensión lo que se investigó en el Ministerio de Pettovello. De acuerdo con información transmitida por fuentes oficiales, a De la Torre se le pidió explicaciones por un acuerdo firmado con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que le habría permitido contratar personal.

Se trata de unas 100 contrataciones que se habrían realizado mediante este acuerdo. La modalidad -de acuerdo a lo que se conoció en medio del escándalo por los alimentos retenidos a punto de vencer- era pagarle a la OEI una importante suma de dinero en concepto de asesoramiento y a su vez que ese organismo contratara personas que iban a reportar a la Secretaría de Niñez y Familia.

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