El informe titulado “Hacia un sector agroalimentario más competitivo, inclusivo y resiliente en Argentina” es una evaluación realizada por el Banco Mundial para el Gobierno de la República Argentina con el fin de respaldar la formulación de políticas públicas y programas relativos al sector agropecuario, que acaba de publicarse.

Comparte el enfoque de políticas públicas habitual de los organismos de financiamiento y promoción occidentales por lo que algunas de sus conclusiones y recomendaciones no aportan nuevas ideas, pero se trata de un trabajo muy exhaustivo, con una ilustrativa selección de datos productivos y comerciales, tanto de nuestro país como del resto de los países agrícolas del mundo, por lo que se transforma en una herramienta de diagnóstico muy completa.

Sus mensajes fundamentales se agrupan en 5 bloques.

1) El sector agroalimentario es fundamental para la prosperidad, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible de Argentina.

En 2021, las cadenas de valor agrícola y agroalimentaria representaron el 15,7% del producto interno bruto (PIB) total, el 10,6% de los ingresos tributarios, entre el 17% y el 24% del empleo
en el sector privado y el 61% de las exportaciones, lo que convirtió al país en el tercer exportador neto de alimentos del mundo lejos del número 1 (Brasil) pero disputando el segundo lugar con Países Bajos palmo a palmo.

El campo tiene una dinámica propia de crecimiento. Esto se hace patente al analizar el crecimiento de la productividad total del sector agroalimentario que superó el aumento general del PIB con un incremento del 3,7% anual desde 1973 gracias a la adopción de nuevas tecnologías.

Y un elemento adicional que destaca el reporte es que, aun creciendo más que el resto de la economía, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por unidad de producción han disminuido, en particular con la adopción generalizada de prácticas de siembra directa en la producción de cereales. Esto posiciona al país como un productor ecológico de alimentos.

2) Un sector agroalimentario resiliente es fundamental para el desempeño macro-fiscal de Argentina.

Bajar la exposición de la producción a las variaciones del clima a través de la incorporación de tecnología es fundamental ya que los impactos climáticos que sufre la producción agroalimentaria tienen efectos en cadena para la economía en general.

Por ejemplo, la sequía de 2023 acentuó la escasez de dólares del país y generó más inflación a través del aumento de los precios de los alimentos.
La disminución de las precipitaciones provocó una caída del 45% en la producción de los tres principales cultivos del país, una disminución del 40% en los ingresos por exportaciones de soja y pérdidas totales por USD20.000 millones, equivalentes al 3% del PIB.

Las sequías de 2018 y 2009 se asociaron de manera similar con la depreciación del peso y las contracciones del PIB.

3) Las limitaciones relacionadas con las políticas públicas, los patrones de desarrollo y las prácticas de producción insostenibles están creando desigualdades e impidiendo el crecimiento del sector.

Tal vez sea este el capítulo en que el reporte es más explícito en las advertencias sobre las deficiencias del modelo de producción nacional.
Es que en la última década, las exportaciones agroalimentarias han caído un 1,3% anual, y la participación de Argentina en los mercados agroalimentarios internacionales disminuyó del 2,7% en 2011 al 2,2% en 2021.

Pero el dato de la caída se pone en contexto cuando se compara con la evolución del resto de los países con significación agrícola: Argentina es el único país que ha caído en sus exportaciones agrícolas en la última década.

La falta de apoyo que se brinda a los productores en Argentina es, por mucho, la mayor comparada con la de sus competidores internacionales: alrededor del −20% de los ingresos agropecuarios brutos en 2019-21.

La diferencia con cualquiera de los países con significación en la producción de alimentos es enorme aún comparado con países con condiciones productivas similares, como pueden ser Brasil o Nueva Zelanda.

Algunas de estas medidas, como los impuestos a la exportación elevados y variables, afectan específicamente al sector agroalimentario. Otras políticas, como los tipos de cambio diferenciados, las restricciones a las importaciones y el impuesto a los ingresos brutos, repercuten en todas las áreas de la economía.

Mientras tanto, el sector muestra un bajo nivel de inversión en bienes y servicios públicos, como la investigación, el fortalecimiento de la capacidad, la gestión de los recursos hídricos y la infraestructura rural.

Los patrones de crecimiento actuales han tenido consecuencias en la deforestación, las emisiones de GEI, la disponibilidad de agua, la salud del suelo, el desarrollo regional y la desigualdad de ingresos, lo que ha puesto en tela de juicio la sostenibilidad ambiental y social de los enfoques actuales.

Las políticas distorsivas han dañado especialmente a los pequeños productores de zonas más remotas, con márgenes más bajos y un menor acceso a los servicios. Dado que los gravámenes al sector ganadero de Argentina se ubican entre el 49% y el 57%, las ganancias de los productores de carne vacuna (principalmente de pequeña escala) se han visto duramente afectadas, lo que ha reducido su capacidad y los incentivos para mejorar las prácticas de producción.

Entre 2001 y 2014, Argentina también perdió más del 12% de su superficie forestal, y los productores y el sector público no han invertido lo suficiente en la gestión del agua. Si no se implementan medidas de adaptación, los daños causados por las inundaciones podrían reducir el PIB en un 0,5% al año para 2060, y las sequías persistentes podrían provocar una disminución del PIB de un 4% anual para 2050. La pobreza rural se mantiene elevada, en especial entre las comunidades indígenas.

5) El capítulo de la producción familiar

El contexto: De 334.000 productores agropecuarios que hay en Argentina, 251.000, o tres cuartas partes, son familiares. Las explotaciones agropecuarias familiares proporcionan aproximadamente la mitad de los alimentos que consume la población local y a la vez contribuyen a las exportaciones del país: en 2021, exportaron USD10.800 millones.

Sin embargo, 172.000 de esos productores familiares no disponen de suficientes recursos –tierra y capital– para poder vivir de su producción, y dependen de otras fuentes de ingresos.

Cerca de un tercio de la población rural, en particular los pueblos indígenas, tiene necesidades básicas insatisfechas, con acceso inadecuado a la educación, a la atención de la salud, a internet e incluso a la telefonía.

Las explotaciones familiares son menos resilientes frente a el cambio climático y al contexto macroeconómico. En parte por esos motivos, la cantidad de explotaciones familiares se redujeron alrededor de un 40% entre 1988 y 2018.

Para proteger mejor a los productores agropecuarios familiares, el informe destaca como prioridad desarrollar estrategias de apoyo diferenciadas en función de sus necesidades:

• Abordar las vulnerabilidades de los productores de subsistencia con programas de asistencia social, servicios de salud, educación y capacitación, así como oportunidades de trabajo alternativas.
• Para los productores con capacidad de transitar hacia la producción comercial, promover una mayor integración horizontal y vertical en las cadenas de valor, de la mano de un mayor acceso a financiamiento.
• Fomentar el papel de la mujer en la fuerza laboral del sector, apoyar sus capacidades técnicas en la producción, la gestión y la comercialización.