El conflicto universitario ha sido el de mayor relieve en estos seis meses de gestión de La Libertad Avanza en el Gobierno nacional. Luego de la masiva Marcha Federal Universitaria del 23 de abril, las casas de estudio consiguieron el 270 por ciento de aumento para los gastos de funcionamiento, principal demanda, aunque no la única.
La misma actualización había conseguido la Universidad de Buenos Aires (UBA) hace dos semanas, lo que generó rispideces hacia dentro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el órgano que nuclea a los rectores de las universidades nacionales.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, recibieron este lunes en el Palacio Sarmiento a Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del CIN.
“El resultado fue muy positivo y está garantizado el segundo cuatrimestre”, informaron desde la Secretaría de Educación
“Hubo un entendimiento sobre el cronograma de actualización de los presupuestos 2023 y 2024, como así también para crear una comisión entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el comité ejecutivo del CIN para confeccionar el presupuesto 2025 de todo el sistema universitario”, comunicaron desde Educación.
Posterior a la reunión entre Gobierno y representantes de las universidades, el CIN emitió un comunicado donde confirma que “las propuestas trasladadas el día de hoy por el Gobierno nacional comienzan a atender los reclamos que sostenemos desde principios de año el conjunto de las universidades públicas del país, agenda que diera origen a la extraordinaria manifestación del pasado 23 de abril”.
El puntano Moriñigo, actual presidente del CIN, sintetizó el encuentro con una frase: “Se avanza…”
La actualización de los gastos de funcionamiento no fue la única exigencia contemplada. Torrendell se comprometió a avanzar en las obras de infraestructura universitaria. “Se decidió darle prioridad a las obras que están por finalizar, con énfasis en la puesta a punto de aulas”, se lee en el comunicado difundido desde la oficina del secretario de Educación.
Luego de la multitudinaria convocatoria del pasado 23 de abril, los rectores se habían reunido con autoridades del ministerio de Capital Humano el 30 de ese mes, cuando “avanzaron en el diálogo”, pero no hubo en concreto una propuesta oficial.
La agudización del conflicto ocurrió cuando la UBA comunicó que había llegado a un acuerdo exclusivo con el Gobierno por la actualización de partidas.
El episodio tensó al máximo la relación entre las partes. Esto provocó que las 60 casas de estudios excluidas denunciaran discriminación y reclamaran la misma suba que se le había prometido a la UBA.
Este escenario de acuerdo ocurre a horas de la sesión especial convocada por el bloque de la UCR en la Cámara de Diputados para discutir el financiamiento universitario.
El último jueves los principales bloques de la oposición avanzaron en cuatro dictámenes que apuntan a que las partidas se actualicen en base a la inflación, además de disponer un reconocimiento por la no actualización de estas partidas en 2023.
“Este Consejo seguirá trabajando en unidad por la fortaleza del sistema, con el convencimiento del rol transformador de la universidad pública y de que los problemas estructurales del país se resuelven con más y mejor educación, con formación universitaria pública de excelencia y con un sistema científico al servicio del desarrollo de la Nación”, cierra el comunicado del CIN.
